El Formato consistió en 4 mesas de discusión; la primera de dichas mesas, titulada “El proyecto: Tren Interurbano México-Toluca”, contó con la participación de diversos especialistas, entre quienes destacó nuestro Socio Administrador, el Maestro Miguel Ángel Padilla Bujalil. A continuación, reproducimos su participación.
“”El arte del progreso es preservar el orden en el cambio”. Alfred North Whitehead.
Nuestro tema, la construcción del tren “Interurbano de Pasajeros México-Toluca” es digno de diversas consideraciones, tanto humanas como tecnológicas, económicas, jurídicas, y sociales, entre otras.
Debemos valorar el enfoque de movilidad, que hoy por hoy es necesario. La movilidad se refiere a dotar a las ciudades de mejores condiciones de vida para sus habitantes, pero además para evitar que colapsen por su elevada demografía. En este contexto, el concepto de movilidad urbana ha cobrado vitalidad e importancia en los últimos años. El Informe Valladolid 2005 sobre el derecho a la movilidad, define la movilidad urbana como sigue, cito: “Todos los seres humanos, sin excepción, tienen derecho a que se establezcan las condiciones necesarias, para que el espacio urbano e interurbano sea apto y equitativo para la movilidad interna de todos los habitantes de un territorio. No tiene que ver con tener un auto y contar con vialidades eficientes, o mejor dicho, no sólo tiene que ver con eso, pues la movilidad urbana busca ser un concepto integral en el que se garantice la equidad entre todas las posibilidades de movimiento de los habitantes de un lugar determinado”. Termina cita…
Nuestra comunidad requiere cada vez, de modo más urgente, soluciones efectivas y concretas que nos aumenten la calidad de vida para poder gozar de tiempo con la familia, tiempo creativo y tiempo de esparcimiento. Esta movilidad favorece el tejido social, la seguridad, y por ende, pero sobre todo, los derechos humanos.
En 2007, México fue sede para la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes, inspirada en los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de otros instrumentos internacionales y regionales. En ella se reconoce expresamente el derecho a la movilidad al señalar que: “Toda persona tiene derecho a un tráfico ordenado y respetuoso con el medio ambiente y a moverse con facilidad por la ciudad metropolitana. Toda persona discapacitada tiene derecho a que se facilite su movilidad y a la supresión de todas las barreras arquitectónicas”.
Países desarrollados entendieron la importancia de la movilidad desde hace muchos, muchos años. México debe abrazar este concepto –incluyendo los derechos humanos– para integrarnos por completo a este siglo y no rezagar nuestro avance.
La construcción de este tren interurbano de pasajeros puede favorecer de las siguientes maneras: ahorro en el tiempo de traslado, se reordenará el flujo vehicular de más de 200 mil vehículos al día, se reducirán de forma importante los gastos de mantenimiento a la infraestructura de vialidades y a unidades de transporte público y privado en 680 millones de pesos al año, se disminuirán las emisiones contaminantes en 34,500 toneladas de dióxido de carbono que representan el oxígeno producido por 276 hectáreas de bosque. Incrementará la seguridad en el traslado por la reducción de accidentes, y generará empleos en la etapa de su construcción.
En el marco de esta gran ciudad, la existencia de un adecuado sistema público de transportes establece un gran cúmulo de efectos sobre los costos y tiempos de movilidad. Debemos tomar en cuenta que el lugar de residencia y el poder adquisitivo, definen en gran parte el tiempo de vida que las personas tendrán que invertir en el conjunto de movilidades forzadas que les impone su ubicación. El transporte público reduce el precio del trayecto, pero incrementa el tiempo de viaje y dificulta el control tanto espacial como temporal de nuestros desplazamientos urbanos.
Un ineficiente sistema público de transporte urbano establece la diferenciación entre ciudadanos que se desplazan en coche, y ciudadanos que tienen que hacer uso del autobús. Cuando una persona está sometida a la tortura cotidiana de realizar varios desplazamientos en un transporte público ineficiente, o cuando el automovilista sufre día tras día el tormento de los colapsos circulatorios, estamos violando su derecho a la movilidad. Cuando un niño madruga para llegar a su colegio tras recorrer una larga ruta escolar, también estamos violando el derecho que todos los niños tienen a la quietud.
En contraparte, durante la construcción, se verán afectados los habitantes de las colonias del pueblo originario de Santa Fe. El fortalecimiento del sistema de movilidad a través de la construcción de una nueva infraestructura vial y de transporte –a veces– genera situaciones violatorias de los derechos humanos. Por ejemplo, los grandes proyectos de transporte o infraestructura vial son objetos de denuncias ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por personas que viven, transitan o trabajan en las zonas afectadas.
En otras grandes obras, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal recibió denuncias en contra de la construcción de la línea 4 del Metrobús, del segundo piso del Anillo Periférico, de la Supervía, entre otras. Las personas denunciaron, en primer lugar, la falta de consulta previa a la operación de los respectivos proyectos. Otras quejas y recomendaciones refirieron los daños provocados por las obras de construcción, como aquellos a inmuebles o vialidades provocados por las excavaciones (confirmados o potenciales); la tala de árboles, el ruido y polvo que provocan; el cierre de vialidades que limita la movilidad además de poner en riesgo las actividades y el sustento económico individual y/o familiar de los comerciantes que radican en las zonas afectadas.
Estos hechos hacen evidente la importancia de que las autoridades respeten y garanticen el derecho a la consulta y a la participación informada de las personas afectadas por la construcción del tren, o que tengan intereses en dicho proyecto, previamente a su realización y durante todas las etapas de concreción de la obra, de tal forma que se llegue a procesos de conciliación entre los distintos actores involucrados y potencialmente afectados. La conciliación es vital.
Asimismo, resulta imprescindible que las obras viales y de transporte, estén debidamente supeditadas a la normatividad en vigor, y debidamente supervisadas. En todos los casos, el gobierno debe hacerse responsable de los posibles daños causados por las obras de construcción, en particular a las estructuras de inmuebles o vialidades, contemplar medidas de mitigación como mejorar iluminación, arreglar pavimento y banquetas, incrementar vigilancia, incluyendo medidas de compensación tales como apoyos económicos, condonación del pago del impuesto, etc., por las afectaciones causadas a las actividades económicas de las personas que laboran en las zonas correspondientes.
De la misma forma, las autoridades deben proteger a los habitantes y transeúntes contra posibles accidentes durante el tiempo de construcción; investigar los hechos, sancionar a las personas responsables y reparar los daños de forma integral, en caso de accidentes. Se destaca el derecho a la consulta y a la participación informada de cualquier comunidad que pueda ser afectada; por ello, debe existir un espacio para que los vecinos expongan sus inquietudes o afectaciones, así como su proyecto ciudadano alterno.
Además, garantizarles el derecho al acceso a la información efectiva, dejando aparte cualquier traba legal, dando prioridad al fondo del asunto.
La otra cara de la moneda, sin embargo, es que el derecho de todos a la movilidad puede repercutir en injustas molestias para algunas otras. Todas estas consideraciones serán temporales, cabe aclararlo. No por ello, menos relevantes.
Sin embargo, no debemos perder de vista que nos encontramos en un estado de derecho, en donde prevalece la legislación actual vigente, que impide al gobierno facilitar información reservada o confidencial. Ello, en beneficio de la colectividad sobre el interés particular.
Existen planes alternativos que igualmente causarían conflictos en otras zonas y sus comunidades; esto no significa mayor importancia de una colectividad a otra. Considero crucial ponderar el bien común. Ponderar el bienestar y avance, sin perder de vista a nuestra gente.
Por eso, itero: “El arte del progreso es preservar el orden en el cambio”. Muchas gracias.
